La noche del 13 de febrero de 2026, cuando la ciudad de México se preparaba para celebrar el día del amor y la amistad al día siguiente en las calles de San Cosme, a la altura de Insurgentes, se desataba una escena de evidencia que quedaría registrada en video y que sacudiría nuevamente a la capital, una alcaldesa derribada de su motocicleta, decenas de funcionarios públicos golpeados, tubos y un grupo de más de 200 personas rodeando a las autoridades que intentaban hacer su trabajo.

 Lo que comenzó como un operativo de recuperación del espacio público terminó en una emboscada brutal. Y en el centro de todo, un conflicto que lleva décadas sin resolverse, un negocio millonario que mueve la capital y nombres que se repiten una y otra vez cuando se habla de poder, territorio y comercio ambulante en el corazón de México.

 Alandra Rojo de la Vega no es una figura desconocida en la política de la Ciudad de México. Desde octubre de 2021 ocupa la alcaldía Cuautemo, una de las demarcaciones más complejas y pobladas de la capital. Hija del empresario Martín Rojo de la Vega y de Mónica Picolo. Madre de tres hijos. Alexandra construyó su carrera política bajo una bandera clara.

 Recuperar los espacios públicos, combatir el comercio irregular y devolverle dignidad a las colonias que durante años han sido invadidas. Ambulantes sin control. La alcaldía Cuautemoc es territorio en disputa. Aquí convive el centro histórico. Colonias emblemáticas como la Roma, la Condesa, la Juárez y también zonas como San Rafael Guerrero, Morelos.

Es una demarcación donde el comercio ambulante no es solo un problema de movilidad o imagen urbana. Es un sistema económico paralelo con líderes cobro de piso, permisos que apenidarece según el gobierno en turno y estructuras de poder que trascienden administraciones. Rojo de la Vega llegó al cargo con un discurso de mano dura contra el ambulantaje irregular.

 Desde el inicio de su gestión enfrentó resistencia no solo de comerciantes, sino de quienes los organizan, los protegen y se benefician de ellos. Y apenas unas semanas antes de los hechos del 13 de febrero, la alcaldesa ya había recibido amenazas de muerte a través de redes sociales. A finales de enero de 2025 presentó una denuncia la Fiscalía por esas amenazas.

 El mensaje era claro, su trabajo molestaba a alguien. La colonia San Rafael, donde ocurrieron los hechos, es un punto estratégico. Cerca del metro San Cosme, en la intersección de avenidas clave como insurgentes. Esta zona había sido objeto de operativos previos por parte de la alcaldía. Según reportes oficiales, puestos instalados irregularmente en esa zona ya habían sido retirados anteriormente por la alcaldía.

 Pero el viernes 13 de febrero, cuando Rojo de la Vega y su equipo llegaron al lugar, esos puestos habían vuelto a aparecer de cinco puestos que existían originalmente, ahora había 22. ¿O quién autorizó su regreso? Esa es la pregunta que la alcaldesa y su equipo fueron a responder esa tarde. Eran aproximadamente las 6 de la tarde del viernes 13 de febrero de 2026.

 Alexandra Rojo de la Vega llegó a San Cosme acompañada de su equipo de trabajo y personal de la alcaldía. iba montada en una motocicleta supervisando personalmente el operativo de recuperación del espacio público. La estrategia era clara, dialogar con los comerciantes, pedirles documentación que acreditara su derecho a estar ahí y si no la tenían proceder al retiro de los puestos.

 Al llegar, el personal de la alcaldía solicitó a los comerciantes que mostraran los permisos que supuestamente habían sido otorgados por el gobierno de la Ciudad de México. Los comerciantes dijeron tenerlos. argumentaron que contaban con autorización oficial del gobierno capitalino, pero cuando se les pidió que los mostraran no presentaron documento alguno.

 Rojo de la Vega, en lugar de proceder de inmediato al desalojo, tomó una decisión conciliadora. Según su propio relato transmitido en vivo desde su cuenta de Instagram, poco después de los hechos, solicitó que se estableciera comunicación con la autoridad que presuntamente había otorgado esos permisos.

 Quería privilegiar el diálogo institucional, quería evitar la confrontación. Fue entonces cuando comenzó la trampa. Mientras la alcaldesa y su equipo esperaban la llegada de representantes del gobierno central para establecer una mesa de diálogo, un grupo numeroso de personas empezó a rodearlos. Al principio parecía una protesta. Voces alzadas reclamamos tensión, pero en cuestión de minutos la situación escaló.

Nos abordaron más de 200 personas a golpearnos”, declaró Rojo de la Vega en la transmisión en vivo que realizó inmediatamente después de la agresión. Su voz era firme, pero visiblemente afectada. Su rostro mostraba raspones, golpes en el hombro, la explos brazos. Según los reportes de la alcaldía, el grupo no solo usó las manos, algunos portaban objetos contundentes como tubos.

 La violencia fue diordinada, no fue un estallido espontáneo, fue una acción planificada. En medio del caos, Alesandra Rojo de la Vega fue derribada de la motocicleta en la que se trasladaba. cayó al pavimento. Los golpes llovieron sobre ella, sobre su equipo. Decenas de servidores públicos de la alcaldía resultaron lesionados. No hubo piedad, no hubo diálogo, solo violencia.

 La alcaldesa logró ponerse de pie, protegida por algunos de sus colaboradores, sacó su teléfono celular y comenzó a transmitir en vivo. “Estaba esperando para dialogar y lo único que hicieron fue tendernos una trampa”, dijo frente a la cámara con el rostro ensangrentado y la voz quebrada por la adrenalina. Mientras tanto, en el lugar había patrullas de la policía de la alcaldía Cuautemofe.

 Sin embargo, según la denuncia de Rojo de la Vega, ninguna patrulla adicional pudo detenerse para apoyarlos, a pesar de que se encontraban en una situación de riesgo evidente. Los policías que estaban presentes intervinieron para intentar detener a los agresores, pero el número de atacantes superaba por mucho a los elementos de seguridad.

 La agresión duró varios minutos que para quienes estaban ahí debieron sentirse eternos. Cuando finalmente el grupo atacante se dispersó, el saldo era claro, una alcaldesa golpeada, decenas de funcionarios lesionados y un mensaje brutalmente enviado. Aquí no son bienvenidos. Las pruebas de lo ocurrido no se hicieron esperar.

 La propia Alesandra Rojo de la Vega documentó parte de la agresión en la transmisión en vivo que realizó minutos después de los hechos. Las imágenes mostraban surocraspones visibles, golpes en el hombro, la espalda y los brazos. Su ropa estaba de su cabello desordenado. Era evidente que había sido víctima de violencia física, además del video en vivo, diversos medios de comunicación y usuarios en redes sociales compartieron imágenes del operativo y de los momentos posteriores a la agresión.

 En esos videos se observa a Rojo de la Vega, rodeada de su equipo, visiblemente afectada, mientras explicaba lo sucedido. También circularon imágenes de Badrios, trabajaalcaldía con lesiones, golpes en la cara, brazos y cuerpo. La alcaldía Cuautemo que emitió un comunicado oficial poco después de los hechos en él confirmó que un número considerable de servidores públicos resultaron lesionados durante el operativo.

 El reporte indicaba que la alcaldesa fue derribada de la motocicleta en la que se trasladaba mientras realizaba labores de supervisión. La agresión según el documento, fue perpetrada por un grupo numeroso de personas, algunas de las cuales portaban objetos contundentes como tubos. Pero la evidencia más polémica no fue visual, fue una acusación directa.

 En su transmisión en vivo, Alesandra Rojo de la Vega señaló con nombre y apellido a la responsal intelectual de la agresión, Diana Sánchez Barrios, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México y reconocida lidereza de comerciante el centro histórico. Nos mandaron una trampa para que llegara toda la gente de Diarrios, diputada de Morena, para golpearnos, declaró la alcaldesa.

 Según su versión, varios comerciantes de la zona le confirmaron que el grupo que participó la agresión estaba vinculado directamente con la legisladora. Diana Sánchez Barrios no es un nombre menor en la política de la Ciudad de México. Es coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista incluyente y durante años ha sido una figura clave en la defensa de los derechos de los comerciantes ambulantes.

 En febrero de 2025, apenas dos semanas antes de la agresión a Rojo de la Vega, tomó protesta como diputada suplente en el Congreso de la Ciudad de México en lugar de su hermana Silvia Sánchez Barrios. Pero su historial también incluye acusaciones graves. En 2021 fue detenida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, acusada de presunta participación en delitos de extorsión agravada y robo agravado cometido en pandilla.